Hablamos de violencia institucional contra las mujeres cuando el máximo Tribunal de justicia en Chile decide no calificar como femicidio frustrado las agresiones de Mauricio Ortega contra Nabila Rifo, a pesar de haberle partido el cráneo, haberle sacado los ojos, abandonado semidesnuda y agónica con temperaturas bajo cero y que los peritos acreditaran que de no haber recibido ayuda oportuna no sobrevive.
Hablamos de violencia estatal contra las mujeres cuando se nos prohíbe decidir sobre el primer espacio que habitamos: nuestro propio cuerpo y se nos obliga irremediablemente a ser madres o a abortar en clandestinidad.
Hablamos de violencia institucional contra las mujeres cuando a una comunera mapuche, como Lorenza Cayuhán, se le obliga a parir engrillada, rodeada de gendarmes, en un acto que no es otra cosa que humillación, amedrentamiento, racismo y misoginia.
Hablamos de violencia estatal cuando el Estado permite que agresores de mujeres, como el Diputado Ricardo Rincón o el alcalde de cabrero Mario Gierke, ocupen cargos públicos y sigan tomando decisiones por todos los ciudadanos y cuidadanas.
Hablamos de violencia institucional contra las mujeres cuando a Nicole Saavedra la mantienen secuestrada durante una semana, es torturada, violada, y asesinada por ser mujer y lesbiana, pasa un año completo y su caso sigue congelado, sin imputados, sin avances y sin respuestas.
Hablamos de violencia estatal cuando Valentina Henríquez denuncia al ex vocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi, por maltrato habitual y el resultado es una medida cautelar que sólo le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de ella, como a cientos de mujeres cuyas historias no alcanzan tal visibilidad.
Hablamos de violencia estatal cuando el abuso y explotación de niñas en centros dependientes del Sename se hace una práctica naturalizada, y las muertes de cientos de niños y niñas que se encuentran bajo la supuesta protección de dichos centros siguen impunes, sin que el Congreso sea capaz de pronunciarse tras meses de investigación y discusión.
En el país 150 mujeres son atacadas al día. Durante este año ya 35.524 mujeres han denunciado violencia sólo dentro del contexto intrafamiliar. 39 hombres han asesinado a 39 mujeres sólo por el hecho de ser mujeres, y más del doble – al igual que Nabila- han sobrevivido a los ataques femicidas, pese al trauma, al miedo y la incompetencia institucional.
¿Qué tiene que pasar para que la justicia chilena nos crea a nosotras las mujeres que estamos siendo agredidas y que nos están matando?
Las niñas y mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencia ¿Qué pasa, señores de las salas de la Corte Suprema, que pareciera que nuestra alerta, nuestras experiencias, nuestras vidas, o nuestras muertes, no califican?
La rebaja de condena a Mauricio Ortega es una más de las manifestaciones de violencia institucional contra las mujeres. Afirmar que Mauricio Ortega no quería matar a Nabila Rifo, sólo muestra la impunidad y liviandad con que el sistema de justicia y sus operadores enfrentan el grave problema político y social que constituye la violencia que enfrentamos cotidianamente nosotras.
Lo que pasa hoy nos indigna, nos avergüenza. Ya lo sabíamos, ésta es sólo una constatación más para asegurar que el Estado chileno no protege ni a las niñas ni a las mujeres.
¡Que la rabia nos movilice y nos reúna!
Con todo el cuerpo decimos: ¡Basta de impunidad! ¡Basta de silencios cómplices!
¡Cuidado! ¡La violencia institucional también mata!