Silvana del Valle Bustos
Abogada feminista, LL.M., J.S.D.

Juzgada por ser violada y asesinada

El año pasado el mundo se horrorizó por la historia de Rokhsana, una mujer afgana de poco menos de treinta años, apedreada hasta la muerte por las autoridades religiosas talibanas, acusada de cometer el crimen de ser violada. Sí, de ser violada ni más ni menos, forzada a la penetración sexual por un extraño, sin su consentimiento. Muchos, incluso en Chile, se preguntaron cómo era posible tamaña violencia en contra de una mujer ya violentada, y agradecimos vivir en un lugar donde al menos la administración de justicia, aún en su laxitud contra los agresores de mujeres, tiene claro que la violación es un crimen que comete aquél que ignora la voluntad de una mujer para tener relaciones sexuales y no la mujer.

Sin embargo, al observar algunas opiniones de nuestros magistrados nos preguntamos qué tan lejos las modernas autoridades judiciales chilenas están de esa brutal respuesta talibana. Hoy, en el Chile de junio de 2016, somos testigos de cómo K.R.S., una mujer chilena de la misma edad que Rokhsana, pero quien además fuera asesinada por su violador, es condenada por una jueza, también chilena, al apedreamiento simbólico post-mortem a través de un voto judicial.

K.R.S., no sólo comparte en su nombre algunas letras con Rokshana, sino que también una historia con demasiadas similitudes a la de la mujer afgana. K.R.S. era una pobladora de La Pintana, madre de dos hijos, hija, hermana, prima, pareja, amiga y vecina, quien un día de junio de 2013 iba caminando por las calles de su barrio, cuando se encontró con Francisco Javier Castro González, conocido en la población El Castillo como “el Javi”. Luego de fumar unos cigarrillos con ella, Francisco Javier, un vecino como cualquier otro, amable, buena onda y de muchos amigos, decidió que K.R.S. debía tener relaciones sexuales con él. Así es como la arrastró por el suelo y le propinó varios cortes con un arma cortopunzante, para luego golpearla en reiteradas oportunidades en el cráneo y en la cara con una piedra de gran tamaño. Posteriormente, la violó y finalmente la asfixió con su propia ropa. Lo último que K.R.S. sintió en esta vida fue dolor, la última persona que miró fue su agresor.

Han pasado tres años desde entonces y, luego de un largo proceso judicial, hace unos días el Sexto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago dictó sentencia en la causa seguida contra Francisco Castro González. Dicho fallo fue, en principio, bastante esperanzador para los cercanos a K.R.S. en tanto en forma contundente la mayoría de los magistrados, analizando las pruebas rendidas, concluyeron que Castro es culpable de la violación con homicidio de K.R.S. y lo condenan a una pena de presidio perpetuo simple, es decir a un mínimo de 20 años de cárcel.

Sin embargo, el voto disidente de la jueza Karen Ivonne Garrido Saldías, en el que opina que la pena del violador y asesino debiera ser mucho menor, resultó en un apedreamiento simbólico en contra de la víctima K.R.S., su familia y amigos. La magistrada, desde su posición de privilegio académico, funcionario y de clase, somete a juicio a la mujer violada y asesinada, y desde allí la condena y nos condena a todas las mujeres que actuamos de alguna manera como K.R.S., a las “otras” mujeres, como culpables. Con las siguientes palabras, y sin mayor análisis de las pruebas rendidas en el proceso, Karen Garrido somete a K.R.S. a una serie de juicios de valor que la posicionan a ella, sí, a ella, a la víctima, como culpable:

“[…]Si bien quedó demostrado que ambos mantuvieron relaciones sexuales por vía anal y vaginal, lo cierto es que para poder determinar, con la certeza requerida, el que la víctima fue forzada a ello, resulta fundamental la declaración del acusado. En efecto, en el contexto antes descrito, el que dos drogadictos (según apareció de la prueba allegada al juicio), que se conocían y se encontraban compartiendo a lo menos unos cigarrillos en el lugar, hayan mantenido de manera voluntaria relaciones sexuales aparece como altamente plausible […] De ahí que la convicción de que dicha violencia no se limitó a la necesaria para perpetrar el homicidio y que alcanzó también al contacto sexual, emana con gran intensidad de la información que el imputado aportó[…]”

Esta dilapidación verbal emana de una serie de prejuicios que se desprenden del mismo voto de la jueza Garrido. En primer lugar, la magistrada haciendo una mención genérica de las “pruebas rendidas” califica sin más a K.R.S. como drogadicta. Aunque el voto mayoritario descartó que el hecho de que Francisco Castro consumiera drogas lo hiciese un drogadicto o que atenuara su responsabilidad, el voto disidente concluye, probablemente de la autopsia que reveló que K.R.S. alguna vez consumió drogas, que la víctima era una adicta a las drogas, una drogadicta. Para Garrido, fumar marihuana o beber alcohol inmediatamente hace a una persona drogadicta o alcohólica. En segundo lugar, en su voto la jueza Garrido asume que las mujeres drogadictas, o que han consumido drogas, tendrían necesariamente relaciones sexuales consentidas con sus conocidos o desconocidos. La jueza va incluso más allá que el diputado Pablo Lorenzini, quien el año pasado dijo que “hay mujeres que tienen relaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más”, pues asume que una mujer que ha consumido drogas alguna vez prestará su consentimiento a tener relaciones sexuales sólo por compartir unos cigarrillos con un hombre. Finalmente, la magistrada asume que el único que tiene la verdad sobre el consentimiento sexual es el hombre, al punto que sólo cuando él afirma que no hubo consentimiento esto se puede acreditar. Las diversas y horrorosas heridas que el cuerpo de la pobladora K.R.S. tenía, el único testimonio que ella podrá dar sobre su violación, sólo adquieren valor a los ojos de la magistrada por el testimonio del victimario.

Todos estos prejuicios de la jueza Karen Garrido, claramente implican que para esta magistrada la víctima, quien ya ni siquiera puede defenderse, también debe ser sometida a juicio. Prejuicios que no hacen sino preguntarse por qué tantos jueces siempre hacen un esfuerzo máximo, a costa incluso de las pruebas rendidas o de la jurisprudencia anterior, para otorgar el mayor beneficio posible a los agresores de mujeres. Inmediatamente llaman a la memoria casos como el triple femicidio cometido por Miguel Santiago, donde las tres magistradas del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago rechazaron todas las agravantes y consideraron muy calificada una simple entrega de ADN, o el brutal femicidio frustrado cometido por Marco Olmes, donde dos magistrados del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle consideraron que la supuesta infidelidad de la víctima era suficiente para provocar un natural arrebato u obcecación que atenúa la culpabilidad del agresor. Nos hacen preguntarnos qué opinarían los jueces si la droga o alcohol fuesen de aquéllos de alto precio, si la reunión en lugar de unos cuantos cigarrillos en la vía pública fuese una fiesta con aperitivos con nombres en otros idiomas, y el consumidor en lugar de una mujer pobre hubiese sido un hombre de clase alta. Nos llaman a la memoria casos como el de hijos de políticos que venden cocaína, o que beben alcohol, atropellan y matan campesinos, o el de empresarios y políticos que deciden fraudulentamente el destino del país con un vaso de whiskey en la mano. Nos hacen preguntarnos en la distancia que personas, mujeres incluso, que han estudiado y triunfado académica y financieramente ponen entre ellas y aquellos y aquellas que no han tenido las mismas oportunidades.

En definitiva, el voto disidente en el caso del violador y femicida Francisco Javier Castro González, que dio pie a un recurso de nulidad presentado por su defensa, y quizá dé pie a una rebaja en su condena, nos hace preguntarnos dónde está la empatía de algunos jueces y de algunas juezas. Parece ser que el ejercicio del poder que otorga la “ciencia” del derecho penal, hace más importante demostrar cuánto se sabe sobre ésta que hacer justicia. Parece ser que este ejercicio de poder pone a algunos y algunas más cerca de quien ejerce privilegios en una sociedad clasista y patriarcal que de quienes sufren por esos privilegios. Un poder que los sitúa más cerca de los talibanes que de las Rokhsanas, de las K.R.S., de las “otras” mujeres, de ésas a quienes, mientras ellos discuten los grandes significados del Corán, la Biblia, las Actas de las Juntas de Accionistas, o el Código Penal, nos siguen violando y matando a diario.

Comparten esta reflexión y denuncia:

Red Chilena Contra La Violencia Hacia las Mujeres
María Jesús Rojas Jaraquemada, Activista Feminista, Psicóloga Jurídica, Peñalolén
Angelina Andrea Marín Rojas, Activista Feminista, Socióloga, San Bernardo
Valentina Genta Giovannini, Activista Feminista, Educadora, San Bernardo
Antonieta Rosales Sandoval, Activista Feminista, Profesora, Santiago
Claudia Castro Navarro, Activista Feminista, Ing. Ejec. Comercialización, San Ramón
Elena Dettoni Nova, Activista Feminista, Planificadora Social, Santiago Centro
Sonia Nahuelan Catrileo, Activista Feminista, Terapeuta, El Bosque
Angelina Jara García, Activista Feminista, Psicóloga Comunitaria, San Ramón
Colectiva La Humita Feminista
María Stella Toro, Activista Feminista, Historiadora.
Edith Olivares Pérez, Activista Feminista, Educadora Popular, La Cisterna
Paula Arriagada, Psicóloga
María Teresa Rojas Toro, Feminista, Pensionada, San Bernardo
Gilda Luongo, Dra. en Literatura U. de Ch., escritora, crítica e investigadora feminista.
Marjorie Silva Castillo, Feminista, Psicóloga
Carmen Gloria Rodríguez Ibarra, Teóloga, Feminista, Santiago Centro
Nadia Martinez Rodríguez, Teóloga, Feminista, Peñalolén
Paula Salazar, Estudiante de Trabajo social, U. de Atacama, Copiapó.
Paloma Ochoa, Estudiante de Trabajo social, U. de Atacama, Copiapó.
Cory Duarte, Dra. en Trabajo Social, U. de Atacama, Copiapó.
Paula Saez, psicóloga, Feminista.
Mónica Maureira, periodista.
Secretariado de Género y Sexualidades, FEUDA, Copiapó
Fernanda Gajardo Hidalgo, Estudiante de Traducción, U. de Atacama, Copiapó.
Aholibama Fernandez Chaparro, Psicóloga, Copiapó
Yesenia Alegre Valencia, Socióloga feminista, Viña del Mar
María Elena Soto Verdugo, Activista Feminista, Profesora
Viviana Rodriguez Venegas, Académica, U. de Atacama
Carolina Ibacache Carrasco, Valparaíso
Tamara Vidaurrazaga Aránguiz, Periodista, Encargada de Educación Instituto de la Mujer
Gloria Leal Suazo, Administradora Pública, Directora Ejecutiva, Instituto de la Mujer
Paloma Márquez Palma,Terapeuta Psico-Corporal
Juanita Palma Muñoz, Peluquera
Gianinna Zanocco Aguirre, Periodista