Por Hortencia Hidalgo, Aymara, feminista del norte de Chile, integrante de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres Arica y Parinacota, Punto Focal en Chile de la Red de Mujeres Indígena Sobre Biodiversidad de América Latina y El Caribe
La pandemia del (COVID-19) es una grave amenaza para la salud de los pueblos indígenas de todo el mundo. Debido a la exclusión histórica y la discriminación estructural. Los pueblos indígenas de Chile no son una excepción. Antes de la pandemia ya eran vulnerados sus derechos a la salud, accediendo a atención sanitaria en condiciones de mayor precariedad con una baja cobertura y resolutividad de la atención en sus territorios, con limitado acceso a servicios básicos como el agua potable y el saneamiento.
En particular las mujeres y las niñas indígenas, son las más afectadas por la epidemia y por otras situaciones. La seguridad alimentaria de mujeres y niñas puede verse afectada en algunas comunidades por las dificultades al acceso a alimentos debido a los cierres de los establecimientos educacionales, la canasta JUNAEB no ha sido suficiente para saciar el hambre de muchos niños y niñas que no contaban con otra alimentación.
Las medidas de aislamiento social han impedido las actividades económicas de los más pobres solamente, mientras los grandes empresarios siguen funcionando y exponiendo a sus trabajadores y trabajadoras. La precarización laboral de los pueblos indígenas hoy se ve en evidencia, los cierre de mercados y ferias que representan un ingreso importante para cubrir el ingreso de las necesidades de familias áreas urbanas y rurales. Las mujeres indígenas también ocupan la labor de trabajadoras de casa particular, en muchas ocasiones no alcanzan un ingreso mínimo mensual.
El rol de las adultas y adultos mayores es fundamental en los pueblos indígenas, son custodios de conocimientos y saberes indígenas, al igual que las mujeres quienes son guardianas y transmisoras de saberes y prácticas ancestrales. En el sur del país vemos como a las mujeres hortaliceras mapuches, las golpean, las detienen y destruyen sus productos, obedeciendo decretos municipales absurdos, que contradicen las prácticas indígenas.
Los organismos internacionales han realizado pronunciamientos señalando la importancia de establecer mecanismos formales y eficientes de diálogo entre los Pueblos Indígenas y las autoridades estatales para implementar acciones interculturales, coordinadas y eficientes ante los impactos actuales y futuros de la pandemia. Instando a los ente gubernamentales y a la comunidad internacional a incluir las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas para abordar el COVID 19.
Con las cifras preocupantes como lo es en la región de Arica Parinacota donde el 50% de los contagiados es de origen indígenas, es urgente tomar medidas necesarias, no basta con que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) entregue canastas básicas de alimentos.
Poner en relevancia que los pueblos indígenas pueden contribuir a buscar soluciones, somos custodios de un gran patrimonio cultural y prácticas tradicionales, a través de los conocimientos indígenas, en buenas prácticas de sanación, en realizar barreras territoriales en comunidades para prevenir la propagación del contagio. Independiente de donde se encuentren zonas rurales, urbanas, o territorios transfronterizos, se ven afectados de la misma manera.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas, las partes interesadas deberían considerar lo siguiente:
GOBIERNOS E INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS
• Reconocer a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a las autoridades y gobiernos como los representantes legítimos de los pueblos indígenas.
• Incluir a los representantes, líderes y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas en las entidades de emergencia y respuesta sanitaria de sus comunidades, supervisando las respuestas a la pandemia de COVID-19. Asimismo, se debe incluir a los pueblos indígenas tanto en las respuestas a la pandemia como en sus repercusiones.
• Asegurar que las mujeres indígenas participen efectivamente en la toma de decisiones relacionadas con el COVID-19, y en el manejo de los efectos socioeconómicos por los cercamientos, el distanciamiento físico y otros esfuerzos de mitigación, reconociendo que las mujeres y niñas indígenas se verán afectadas de manera desproporcionada por esos esfuerzos.
• Respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, incluido el derecho a estar o permanecer en aislamiento voluntario.
• Adherirse y apoyar a los pueblos indígenas que han impuesto cercamientos o limitaciones para detener la propagación del virus COVID-19 en sus comunidades.
• Respetar el derecho del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en la prevención, el desarrollo, la aplicación y la vigilancia de las medidas para hacer frente al COVID-19.
• Preparar mensajes de avisos de servicio público, como los relativos a la higiene, la distancia física, la cuarentena y la prevención, en cooperación con los pueblos indígenas, en lenguas indígenas.
• Realizar esfuerzos concretos para mejorar la tecnología de la información y otras infraestructuras, a fin de garantizar que todas las personas, incluidos los pueblos indígenas, tengan acceso a la información.
• Incluir respuestas culturalmente apropiadas y capacitar a los indígenas practicantes tradicionales de la atención de la salud, capacitándolos en todas las acciones pertinentes y en el uso de equipo.
• Mejorar el acceso y la gestión del agua potable y el saneamiento, en particular para los pueblos indígenas que viven en comunidades remotas, a fin de evitar una mayor propagación del virus. Ello debería incluir las prácticas indígenas pertinentes, como la ordenación de las cuencas hidrográficas.
• Asegurar la disponibilidad de datos desglosados sobre los pueblos indígenas, en particular sobre las tasas de infección, la mortalidad, las repercusiones económicas, la carga de la atención y la incidencia de la violencia, incluida la violencia basada en el género.
• Entablar una cooperación efectiva con los Estados vecinos donde los pueblos indígenas viven en las fronteras, velando por que todos los agentes ejerzan las buenas prácticas en estrecha cooperación con los pueblos indígenas afectados.
• Considerar el establecimiento de fondos para la reconstrucción posterior al COVID-19 y recursos públicos destinados específicamente a las necesidades de los pueblos indígenas para apoyar y restablecer sus medios de vida y economías tradicionales y sostener sus comunidades.
• Asegurar el acceso a la educación de la niñez y juventud indígena proveyendo de las herramientas necesarias para el aprendizaje a distancia, en estrecha cooperación con los docentes y autoridades de los pueblos indígenas. Apoyar las iniciativas propias de educación de los pueblos indígenas
**Fotografía originalmente publicada en http://www.tribunadelbiobio.cl/
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