por Comunicaciones red

El gobierno del Perú, justificó la golpiza y persecución que sufrieron el sábado pasado, por parte de la Policía, las parejas de gays y lesbianas que demostraban su afecto en la Plaza de Armas de la capital, Lima.

Durante una reunión propiciada por el propio despacho ministerial con activistas del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), el ministro del Interior de ese país, Miguel Hidalgo, sostuvo que las demostraciones de afecto en público de parejas gays y lesbianas “no son bien percibidas por muchas personas, quienes pueden sentirse agredidas y solicitar la intervención policial”.

Al respecto, el director ejecutivo del MHOL, Crissthian Olivera Fuentes, señaló enfáticamente que las autoridades no pueden trasladar a la prohibición de una conducta condiciones de tipo subjetivo o discriminatorio supuestamente amparadas en la cultura o en las costumbres socialmente aceptadas.

“Si en el Perú, que en teoría es un país fundamentalmente católico, se realiza una manifestación de judíos, mormones, budistas, evangélicos o ateos ¿ésta será reprimida si un grupo de católicos piensa que atenta contra los valores y enseñanzas de su religión?. Si una persona racista está en un parque y ve llegar a un grupo de personas afroperuanas ¿tiene el derecho de solicitar que se le impida el tránsito o el acceso simplemente porque siente que su color de piel es ofensivo o inferior al suyo?” preguntó Olivera al Ministro con el ánimo de evidenciar lo insostenible y absurdo de sus argumentos.

Los activistas del MHOL le expresaron al Ministro que esperaban unas disculpas, pero éstas nunca fueron ofrecidas en la reunión.

Por ello, el MHOL informó que pronto interpondrán una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad y que conjuntamente con el Bloque Estudiantil LGTBI se ha presentado una denuncia a la Defensoría del Pueblo, en donde ya se ha iniciado la recopilación de testimonios de las personas agraviadas.

En tanto, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales de América Latina y el Caribe (ILGA-LAC) emitió un comunicado en el que indica que ha informado de los hechos violentos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pide a las autoridades peruanas que se investigue el caso.