por Verónica Díaz Ramos, Directora Católicas por el Derecho a Decidir

No hace mucho tiempo vimos en las noticias televisivas como las diputadas de todas las bancadas se abrazaban y levantaban banderas festejando la aprobación de la ley de post natal en nuestro querido país, ley que viene a ayudar a las mujeres que decidieron ser madres, a permanecer más tiempo con sus bebés para amamantarlos y protegerlos lo más posible mientras son pequeños.  

No podemos dejar de alegrarnos por todas las mujeres de este largo y angosto país que podrán permanecer más tiempo al lado de sus retoños y felicitamos todas las leyes y avances que vayan en favor de ellas, sobre todo aquellas que van acortando la brecha de las desigualdades.   

Avanzamos en derechos pero siempre nos quedan otros olvidados que son importantes para las mujeres que no desean ser madres, por ejemplo aún no se mejora el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia que sabemos fehacientemente no es repartida en todos los consultorios como nos hubiese gustado, pues la ley nació muerta y continúa siendo un privilegio para pocas. 

Aún tenemos leyes restrictivas con respecto al aborto terapéutico, el cual no ha sido restablecido, como algunas esperábamos cuando llegó la democracia a este país. Ninguno de los gobiernos ha sido capaz de poner fin a las desigualdades que esta situación provoca, pues se considera un tema valórico con un alto costo político imposible de enfrentar.

Las mujeres seguimos esperando a que nuestros derechos reproductivos sean respetados y valorados, seguimos esperando los avances para las mujeres que deciden no ser madres, o esperar para serlo, ¿qué pasa con estas mujeres?, ¿cuándo podremos celebrar medidas que vayan en pro de la dignidad de sus vidas? Nos parece  importante y sumamente necesario que podamos tener leyes que al menos permitan a las mujeres abortar en casos extremos como son: cuando está en riesgo su vida por el embarazo, cuando el feto no tiene posibilidades de vida fuera del útero y cuando la mujer es violada y no quiere ser madre producto de esta violación.  

Estamos ciertas que nadie tiene el derecho de coartar nuestra libertad de decidir y nuestra libertad de conciencia, Nadie tiene la facultad de vulnerar nuestros derechos en esta materia. Pese a ello, una minoría no representativa continúa tomando decisiones por las mujeres.

Por lo tanto, nos parece vital que el Estado chileno abra las puertas a un cambio constitucional urgente, que responda a las exigencias de una democracia plural y diversa, que respete la plena vigencia de un Estado laico que no permita que sectores políticos conservadores al alero de la jerarquía de la iglesia católica pretendan erigirse en dictadores morales imponiendo una visión retrógrada, hipócrita, patriarcal y castigadora respecto de las personas especialmente de las mujeres

La violencia hacia las mujeres viene del Estado, de leyes injustas, de las jerarquías de diversas iglesias (sobre todo la católica) que pretendiendo defender la vida, nos obligan a tener hijos o hijas que no deseamos, nos obligan a ser durante 9 meses vientres sarcófagos de fetos que nunca vivirán.  Siguen obligando a mujeres violadas a ser madres sufriendo la violencia doble por parte del atacante y del Estado.

Católicas por el Derecho a Decidir – Chile, en su constante lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, exige que no sólo se discuta en el Senado el proyecto de ley que despenaliza el aborto, sino que se legisle frente al tema porque su penalización no ha evitado que éste exista. Por el contrario, lo único que ha logrado es que muchas mujeres continúen realizándose abortos en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida, salud y libertad, convirtiéndose en un tema de salud pública y no sólo valórico, donde la discriminación hacia la mujer continúa agigantándose cada vez más en un país que habla de éxitos económicos y desarrollo, ignorando las profundas desigualdades que enfrentan sus ciudadanas.

Sabemos que asumir una posición sobre el tema de aborto significa para las personas un dilema ético y moral difícil de resolver, en especial porque están en juego preceptos religiosos y la eterna discusión sobre el comienzo de la vida, que ni aún, en el interior del mundo científico se resuelve. Sin embargo, más allá de estas concepciones, quienes legislan tienen la responsabilidad de hacerlo  para el conjunto de los y las ciudadanas, tomando como base los derechos humanos y no las creencias morales de grupos religiosos que constituyen sólo un sector de la población.

En consecuencia, ni la iglesia, ni el Estado tienen derecho de controlar el cuerpo ni las decisiones de las mujeres, porque eso es continuar sometiéndonos a ser ciudadanas de tercera categoría a las cuales se les niega incluso a hacer uso de sus libertades individuales en un Estado Laico.