por Paula Santana, Valparaíso

En agosto de este año, el Ministro Mañalich modificó aspectos fundamentales en la forma en que se estaba abordando la prevención, detección y pesquisa del VIH/SIDA en nuestro país. Por casi tres décadas las organizaciones sociales con trabajo en VIH, de mujeres, de la diversidad sexual, de personas viviendo con VIH, de trabajadoras sexuales, de personas trans y otras, han realizado un intenso trabajo y activismo para incorporar en la política pública relacionada con el SIDA, un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos, a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Antes de la distribución por parte del MINSAL de la Circular Nº40 (oct. De 2011) y del Decreto Nº45 (agosto de 2011) que modifica la Ley 19.779, conocida como ley de SIDA, se asumía como principio el respeto a la decisión en conciencia, libre e informada, a la dignidad de las personas, a la privacidad y confidencialidad y a la no discriminación.

A puertas cerradas, no sólo sin consultar a la ciudadanía, ni a las organizaciones sociales que han trabajado por años en conjunto con el ministerio, sino tampoco a las unidades técnicas del mismo sector, el ministro decidió que las mujeres embarazadas deben hacerse el Test de Elisa obligatoriamente, además de imponer una lógica policial de principios de siglo en el proceso de pesquisa y de eliminar el enfoque preventivo en las campañas comunicacionales. Además de esta demostración de autoritarismo, lo más insólito es que no existen fundamentos epidemiológicos que respalden la decisión, ya que la prevalencia en embarazadas es bajísima (0,02% en 2009, de acuerdo al informe UNGASS) y la adherencia al examen de parte de las embarazadas es cercana al 100% (91,7% a octubre de 2011. MINSAL-UNICEF, 2008) ¿Por qué entonces se obliga a las mujeres embarazadas y se les niega su derecho a decidir?

Creo que la respuesta está en la historia y cultura de nuestro sistema de salud, que continúa trabajando desde un enfoque materno infantil, buscando controlar la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres y junto con ello, instrumentalizarlas para llegar a otros (al ser en gestación y a los hombres que han sido sus parejas sexuales). Se aprovecha a las mujeres como “público cautivo” y como medio para lograr un objetivo sanitario, que no es la salud de las mujeres precisamente. Las mujeres – más allá de las madres – son cada vez más afectadas por el VIH/SIDA (De 11% de mujeres que portaban el VIH en el 2001 se aumenta al 19% en el año 2007) y la forma en que generalmente adquieren el virus es pasiva, es decir, por su falta de poder para protegerse en las relaciones sexuales. Esto no es tomado en cuenta por el gobierno, ya que este año lanzó una campaña de detección del VIH, centrada en la realización de Test de Elisa como supuesta estrategia preventiva (¡!). Pero la prevención que se necesita para disminuir el número de personas seropositivas es aquella que busca cambiar creencias, pautas de conducta, actitudes, ancladas en una cultura patriarcal, que niega la sexualidad y la autodeterminación de las personas, en especial de las mujeres. Por otro lado, ¿quién se hará cargo de reparar el daño en la salud y vida de las mujeres embarazadas cuando el resultado del examen sea positivo?, considerando que no se les consultará ni realizará una adecuada consejería que las prepare para ese posible resultado. Esta medida es una expresión de abuso y discriminación hacia las mujeres.

Nota: Los datos fueron extraídos de un documento elaborado para la tercera reunión de 2011 del Consejo Consultivo de Género y Salud del MINSAL, por sus integrantes Pamela Eguiguren y Valeria Stuardo, de la Universidad de Chile.