Aunque sean “poquitos”

Escasas son las ocasiones en que las altas autoridades de la Iglesia Católica han asumido sus errores públicamente. La “quema de brujas” en la época de la Santa Inquisición y el Holocausto nazi son las que más se recuerdan. Pese a ser pocos y superficiales los “mea culpas”, al menos, reconocen las “faltas”.

Pero las disculpas de la Iglesia Católica por los reiterados abusos sexuales que han sufrido niños y niñas en manos de sacerdotes en ningún caso permiten recuperar la infancia dañada.

Además del imprescindible “mea culpa” frente a tan graves hechos, también se requieren profundas transformaciones institucionales que permitan erradicar prácticas incompatibles con la dignidad humana y los propios postulados eclesiásticos. No se pueden cometer crímenes al interior de la Iglesia ni menos ocultar su ocurrencia. Los derechos de niños y niñas son derechos humanos que deben prevalecer frente a la reputación de la Iglesia Católica, y de cualquier otra institución, sin excepciones.

La forma de hacer frente a las múltiples denuncias de abusos sexuales ha sido extremadamente grave. Por décadas se ha procurado mantenerlos en el silencio. En la mayor parte de los casos se han omitido las responsabilidades y evitado sancionar a quienes han cometido los abusos. Más grave aún, se ha eludido el accionar de la justicia en cada país. La autoridad eclesiástica olvida que son los tribunales las instancias que deben establecer la responsabilidad penal que corresponde por los delitos cometidos, y frente a ello no cabe confundirse: todos son iguales ante la ley y deben responder por sus acciones.

En Chile es patente el retraso. Lejos de la autocrítica, y más aún de un posicionamiento compasivo frente a las numerosas víctimas, el arzobispo Francisco Javier Errázuriz recientemente minimizó la ocurrencia de estos crímenes. “Son poquitos, gracias a Dios”, estimó. Lamentable respuesta ante una audiencia seguramente atónita.

Aún si se tratara de hechos aislados, los abusos sexuales son sancionados por la legislación vigente en el país, incluso con penas privativas de libertad. Cabe preguntarse qué acciones concretas está adoptando la jerarquía eclesiástica local frente a quienes cometieron estos “pocos” delitos, no sólo para que “no tengan un lugar dentro del sacerdocio”, como expresó en dicha entrevista, sino para que respondan ante la justicia.

La visita del cardenal Tarsicio Bertone debía haber apoyado la idea de que la Iglesia nacional repudia los abusos sexuales donde quiera que se cometan, y que no amparará a delincuentes. No obstante, la estadía del representante papal sembró más dudas que certezas. Sus desatinadas declaraciones, homologando la homosexualidad con la pedofilia, seguramente han incomodado a la curia nacional como han escandalizado a la opinión pública que tras sus palabras mirará con mayor atención el actuar de la Iglesia y sus representantes.