Por María Isabel Matamala Vivaldi
Médica feminista, cofundadora del Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos, integrante del Consejo Directivo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Fue encargada del área de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Actualmente es integrante de la Mesa Acción por el Aborto en Chile e investigadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud.
El Te Deum evangélico del año pasado en Santiago mostró ante el país la intolerancia y fanatismo de la feligresía y sus pastores, refractarios a aceptar que el Estado de derecho no está sometido a credos religiosos. Hubo agresividad hacia quienes discrepan con su ideario. Se irrespetó con violencia la democracia y se manifestó una alineación en pie de guerra contra leyes o proyectos como aborto, matrimonio igualitario e identidad de género. Las ovaciones a Piñera transparentaron las preferencias políticas mayoritarias, hecho a computar como una premonitoria señal. Igual que la advertencia en cuanto al ingreso de sus pastores a la escena política y a la disputa electoral.
A la vez, existe consenso sobre el desprestigio moral de la iglesia católica como resultado de los crímenes de lesa humanidad cometidos por curas y obispos contra niños, niñas y adolescentes, delitos protegidos largo tiempo por el Estado Vaticano. El Papa constató en carne propia el desapego de la ciudadanía chilena con su iglesia, en evidente rechazo a tales prácticas violadoras de los derechos sexuales -derechos humanos- de seres vulnerables. Pese a lo anterior, auto atribuyéndose un rol de autoridad moral, la iglesia católica interviene en forma permanente las decisiones de Estado a través de sus prelados o a través de feligreses integrantes de elites política, empresarial, académica o mediática. Basta recordar su oposición a la ley de aborto por tres causales y su respaldo a la objeción de conciencia, que a estas alturas, se devela más bien como una estrategia política orientada a obstruir la implementación de la ley.
Ambas religiones, con sus particulares estrategias y en alianza con sectores políticos neoconservadores, desarrollan en nuestro país –como en toda la región- una ofensiva para imponer en forma obcecada sus dogmas y valores. Recurren a la demonización de grupos a los que consideran enemigos, como son las mujeres y la población LGTBI.
Vale tener presente que quienes aplican de manera intransigente doctrinas basadas en textos sagrados, interpretándolas al margen de la realidad en que viven las sociedades modernas, conforman las diversas corrientes del fundamentalismo religioso, en ascenso en todo el mundo. No aceptan que los Estados contemporáneos abandonen principios que consideran divinos y que los reemplacen mediante leyes y políticas afines con las ideas de libertad, igualdad y derechos humanos que han hecho suyas las comunidades nacionales e internacionales. Pretenden imponer sus creencias y valores por encima de la Constitución y las leyes de Estados democráticos laicos. Aspiran a invadir y controlar el ámbito de la educación, erradicando la intervención estatal y digitando aparatos tecnomediáticos que masifican la difusión de sus principios. El descomunal avance de este fundamentalismo radical se ha hecho dramáticamente evidente en América Latina.
En Costa Rica irrumpió con fuerza el fundamentalismo evangélico neopentecostal. Enlazado con el neoconservadurismo político, ha amedrentado a la sociedad con discursos homofóbicos, xenófobos y misóginos, amenazando con virulencia los derechos de las mujeres. Tan efectiva es su alianza con la elite reaccionaria, que la reciente marcha del 8 de marzo en la capital, San José, fue totalmente omitida en los medios a pesar de la participación de más de diez mil mujeres, en un país cuya población no alcanza a los cinco millones. Refrendando así el poder de sus dispositivos de control mediático.
En El Salvador, en 1998 los neopentecostales lograron mayoría en la Asamblea Legislativa aprobando la modificación al Código Penal que prohibió el aborto en toda circunstancia, inclusive cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada. Derrotaron la intención gubernamental de legislar tres causales de aborto y generaron un clima favorable a la aplicación indebida del derecho penal, considerando a priori como culpables a las mujeres que llegan a los servicios de salud con abortos espontáneos o con hemorragias obstétricas. A fines del 2017, veinticinco mujeres jóvenes – todas pobres – permanecían encarceladas con condenas entre seis y treinta años, situación que ha logrado crear pánico entre mujeres y médic@s. El movimiento feminista y otros movimientos sociales articularon una campaña solidaria internacional que ha movilizado efectivos apoyos. Es así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha pedido recientemente una moratoria sobre la prohibición total del aborto, recurso que evidencia las enormes dificultades que implica resistir las acciones devastadoras de los fundamentalismos sobre los derechos de las mujeres.
En Brasil, el masivo incremento de la feligresía neopentecostal1 y de su enorme poderío económico-mediático con base en la “teología de la prosperidad”, ha caminado de la mano con el avance conservador y la inmunidad tributaria, permitiendo el acceso de sus representantes al Congreso Nacional. Frei Betto2 aseguró hace algunos años que el lobby que desarrollan en el Congreso sería cercano al fascismo, basándose en su fanatismo político, su xenofobia, homofobia y no reconocimiento de derechos humanos de las mujeres. Pese a la gran diversidad de la sociedad brasilera, sus proyectos legislativos buscan forzar conductas cristianas radicales, colocando la religión por encima de los derechos. Entre otros, el “estatuto de la familia” que valida como unidad familiar sólo la basada en la unión de hombre y mujer; el proyecto de retroceso y obstrucción a la legislación sobre aborto, el proyecto de celebrar culto en el Parlamento. Su próximo paso explicitado: elegir el primer Presidente de la República evangélico, aun cuando Brasil es un Estado laico. En ese país se habla de mercantilización de lo sagrado, la forma más extrema de fusión entre espiritualidad y dinero mediante la banca y sus operaciones financieras. La insuficiente crítica por parte de partidos liberales o de izquierda revela el temor y el pragmatismo anti ético frente al cuantioso caudal electoral que controlan estas iglesias. Silencio que de alguna manera ha pavimentado la violencia y militarización del Brasil actual.
La capacidad de resistir la ofensiva de los fundamentalismos siglo XXI tiene su base en la convicción de defender la laicidad y el derecho a vivir en sociedades sin violencia, aspectos fundamentales de la garantía ética de nuestra democracia. Implica disputar los espacios de formación, en donde se internalizan las nociones de derechos humanos y libertades – aspectos insoslayables de la dignidad humana -, así como también, las relaciones sociales de convivencia, solidaridad y cooperación.