Hay casos que trascienden los tribunales. Casos que dejan de pertenecer exclusivamente a una familia para convertirse en una herida colectiva, en un espejo que refleja las profundas fracturas de un Estado que promete proteger, pero que demasiadas veces llegó tarde. El caso de Tanya Aciares es un ejemplo de ello.

El 19 de octubre de 2018, Tanya Aciares desapareció en Copiapó. Tenía apenas 13 años. Como ocurre con toda familia que enfrenta la desaparición de una hija, comenzaron días de búsqueda desesperada, de llamados, de recorridos por hospitales, comisarías y oficinas públicas, aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. Semanas después, los restos de una adolescente fueron encontrados en la comuna vecina de Tierra Amarilla. Sin embargo, esos restos permanecieron durante casi seis años sin ser identificados en el Servicio Médico Legal. Solo en junio de 2024, mediante nuevas pericias genéticas, el Estado confirmó que correspondían al cuerpo de Tanya.

Esta es una cadena de hechos que desafían toda comprensión y lógica. Mientras su padre organizaba campañas de búsqueda, platos únicos, golpeaba puertas de instituciones públicas buscando respuesta, era el propio Estado que tenía a su hija bajo su custodia sin ser capaz de reconocerlo. Esa sola constatación constituye una de las expresiones más dramáticas de la desidia institucional que ha conocido la historia reciente de Atacama. Hoy la justicia enfrenta una nueva etapa. El proceso por una presunta obstrucción a la investigación continúa su curso luego de que el tribunal rechazara la solicitud de sobreseimiento por prescripción presentada por la defensa. La audiencia quedó fijada para el 13 de julio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, que busca esclarecer si existieron actuaciones u omisiones que retrasaron el acceso a la verdad y obstaculizaron una investigación que nunca debió prolongarse durante tantos años.

Pero no se puede reducir este proceso solo a un debate jurídico, puesto que sería perder de vista lo esencial, ya que no solo interpela a quienes eventualmente puedan tener responsabilidades individuales. Interpela, sobre todo, a las instituciones que tenían el deber de proteger, investigar, identificar y garantizar justicia. Interpela al funcionamiento del sistema institucional en su conjunto. Porque cuando una niña permanece durante casi seis años sin ser identificada bajo custodia estatal, la pregunta ya no es únicamente quién cometió un error o quien dijo una “mentira”, sino es cómo un conjunto de instituciones permitió que esa cadena de errores ocurriera y se prolongara durante tanto tiempo, sin cuestionarse ni darse cuenta de absolutamente nada.

Tanya Aciares es el verdadero rostro del abandono institucional. Aquí no hablamos únicamente del Servicio Médico Legal. Hacemos referencia a un sistema integrado por la Fiscalía Regional de Atacama, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y organismos especializados, todos ellos con la misión constitucional y legal de investigar los delitos, coordinar diligencias, proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia.

Cuando esa coordinación falla, las diligencias resultan insuficientes o las respuestas llegan demasiado tarde. La consecuencia no es solo un expediente judicial incompleto o que nunca quieren entregar ya que está en “reserva”, sino toda una familia –y una comunidad copiapina- condenada a vivir durante años entre la incertidumbre y la esperanza, creyendo que está viva, cuando en realidad la joven ha fallecido hace años sin tener la oportunidad de buscar a los verdaderos culpables de su femicidio… Hoy lo que hacemos es buscar las razones por la que el Estado incumple su obligación más básica que es responder con diligencia a la protección de una vida.

Por eso el caso Tanya trasciende la esfera penal. Nos lleva a preguntarnos si las instituciones realmente están preparadas para responder cuando desaparece una niña. Nos obliga a revisar protocolos, responsabilidades, capacidades técnicas y mecanismos de coordinación. Pero, sobre todo, a preguntarnos cuánto pesa todavía el género en la forma en que el Estado responde frente a las violencias.

Como organizaciones feministas de Atacama llevamos años haciendo estas preguntas, acompañando a las familias. Hemos insistido que estos hechos no pueden entenderse como casos aislados ni como simples errores administrativos. A través de declaraciones públicas, acciones de memoria y movilizaciones, hemos denunciado que la desaparición y la violencia extrema contra mujeres y niñas constituyen una grave vulneración de derechos humanos y hemos exigido una y otra vez investigaciones diligentes, con perspectiva de género y libres de estereotipos que retrasen el acceso a la verdad y la justicia.

Nuestra insistencia no es antojadiza. Recordamos que el año 2025, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) manifestó su preocupación por diversos casos ocurridos en Atacama; advirtió sobre un preocupante patrón de desapariciones y violencia femicida e instó al Estado chileno a garantizar investigaciones eficaces y acceso efectivo a la justicia. Sin embargo, pese a este llamado de alerta no hemos tenido acciones concretas en estas materias y hasta la fecha no se cuenta ni con el nombramiento de una Seremi de la Mujer y Equidad de Género en la región, lo que sigue mostrando que las mujeres en Atacama no somos prioridad para la agenda estatal.

Al caso de Tanya se suman los de Catalina Álvarez Godoy y Thiare Elgueda Acuña, jóvenes desaparecidas en 2019 y 2020 respectivamente, cuyas madres continúan buscando verdad y justicia. Si bien sus historias son distintas, con procesos judiciales diferentes, pero unidas por un mismo sentimiento de abandono institucional e injusticia patriarcal. Este desierto acumula memorias de búsquedas, memorias de jóvenes que el tiempo amenaza en convertirlas en estadísticas. Se han recorrido calles, oficinas públicas, tribunales y medios de comunicación recordándonos que cuando las instituciones nos fallan, son las propias familias y las organizaciones feministas las que no olvidan y quienes terminan sosteniendo el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Por ello es tan importante la audiencia del 13 de julio de 2026, puesto que queremos abrir un proceso que no solo examine responsabilidades penales individuales sino que constituye una oportunidad única para que el sistema de justicia mire críticamente su propio
funcionamiento. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, por qué ocurrió y qué medidas se adoptarán para garantizar que ninguna otra familia vuelva a atravesar una experiencia semejante.

Porque la justicia no consiste únicamente en identificar responsables individuales. También exige reconocer las fallas estructurales, asumir responsabilidades institucionales y generar garantías de no repetición. La ciudadanía de la región de Atacama merece instituciones capaces de actuar con la urgencia que exige la desaparición de una niña. Merece investigaciones coordinadas, oportunas y con perspectiva de género. Merece un sistema de justicia que no obligue a las familias a cargar durante años con una búsqueda que corresponde al Estado.

La verdadera pregunta que deja el caso de Tanya Aciares no es únicamente qué ocurrió con ella. La pregunta que hoy interpela a toda la institucionalidad chilena es otra: ¿Qué estamos dispuestos a transformar para que ninguna familia vuelva a buscar durante años a una hija que el propio Estado ya había encontrado? Responder esa pregunta ya no es una opción política. Es un imperativo ético, justo y democrático.

Por Tejido de Mujeres Feministas en Atacama.

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