Por Priscila González, Feminista, administradora pública, magíster en estudios de género. Integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Septiembre es para nuestro país el mes en que más que en cualquier otro momento del año hablamos de derechos humanos, principalmente por nuestra historia política y social de la segunda mitad del siglo XX. Han pasado 45 años desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, electo democráticamente por el pueblo chileno, y comenzó un período de violación sistemática a los derechos humanos por parte del aparataje del Estado, comandado por la Junta militar.

En este momento conmemorativo, la derecha pretendió instalar la disputa sobre quiénes defienden realmente los derechos humanos y cuál es la postura que debiesen adoptar frente a conflictos en otros países, que no es otra cosa que una cortina de humo para ocultar la participación de personalidades públicas en crímenes de la dictadura, su responsabilidad en desapariciones forzadas y el apoyo al régimen cívico militar de los “cómplices pasivos” que gobiernan junto al presidente Piñera.

En la romería de este domingo 9 de septiembre, las pancartas con los rostros de los y las detenidas desaparecidas y ejecutados/as políticos/as se mezclaron en organizaciones de mujeres o mixtas que portaban también pañuelos verdes. Las feministas hoy continuamos nuestra lucha con tomas de universidades y liceos, y masivas manifestaciones en las calles a lo largo del país, primero por la violencia vivida al interior de los planteles universitarios y por una educación no sexista, luego, impulsadas por la lucha de las compañeras argentinas, reiterando la demanda para que el aborto sea libre, seguro y gratuito en Chile.

Hace sentido conectar las visiones sobre los derechos humanos y las demandas del movimiento feminista, además de la historicidad cruzada entre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar y la manera en que vivimos y luchamos por nuestros derechos en tanto mujeres.

Pese a las condenas a algunos criminales de la dictadura cívico militar, no se entiende hoy que los sectores que apoyaron aquella cruenta etapa de nuestra historia, salgan a decir públicamente que defienden los derechos humanos, pero a la vez promueven la rebaja de las condenas y los privilegios de criminales de lesa humanidad del penal de Punta Peuco, incluso si no han mostrado arrepentimiento ni han colaborado entregando la información sobre el paradero de las detenidas y los detenidos desaparecidos de los que aún nada se sabe. No hay coherencia entre proclamarse por la defensa de la vida, por los derechos humanos y la democracia, si al mismo tiempo se está promoviendo la impunidad al amparar la decisión de jueces venales.

Tampoco es coherente que los partidos de la derecha chilena insistan en disputar el lugar de defensores de los DDHH si se han opuesto sistemáticamente a apoyar las iniciativas por los derechos sexuales y reproductivos, asuntos que han estado en la agenda de las mujeres organizadas desde muy temprano en nuestro país.

Negarse a legislar a favor de la posibilidad de decidir de las mujeres respecto de sus embarazos, es una violación a los derechos humanos, por cuanto obligar a llevar un embarazo y parto, de manera forzada, puede ser considerado como tortura, como lo ha considerado el relator el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[1].

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha contribuido al análisis de la violencia contra las mujeres como un asunto estructural y sistemático, del que se desprenden distintas manifestaciones, pero que siempre responden a una cuestión de base, que es la visión de lo femenino como subordinado a lo masculino ¿o no es una violación a los derechos humanos considerar a las mujeres en un rango menor en la humanidad?

El “Nunca Más” que pretendemos tiene que ser un compromiso profundo con los derechos humanos de todas, todos y todes. El “Nunca Más” tiene que perseguir la violencia política sexual, en la que claramente hubo una direccionalidad específica hacia los cuerpos de las mujeres. El “Nunca Más” tiene que alcanzar los crímenes de violencia extrema y de odio hacia las mujeres y condenar fuertemente a los femicidas, muchos de los que hoy se encuentran impunes,  o se les ha rebajado la condena. Tiene que considerar, además, las condiciones específicas para las mujeres privadas de libertad. Tiene que alcanzar para esclarecer y condenar con todos los recursos disponibles, los crímenes de odio cometidos contra las defensoras de la tierra, contra mujeres lesbianas, trans y travestis, entre otras.

Los derechos de las mujeres hoy ya no pueden mantenerse en la medida de lo posible. No basta con la sobrevivencia, como en los tiempos de dictadura, sino que hoy apuntamos a los máximos. Hoy, las feministas SOMOS+, como la consigna de las mujeres organizadas en los ’80. A 45 años del golpe, las feministas SOMOS+ por los derechos de las humanas.

[1] “El aborto practicado en condiciones de riesgo ocupa el tercer lugar entre las principales causas de muerte materna en todo el mundo. Cuando el aborto está restringido por ley, la mortalidad materna aumenta, pues las mujeres se ven obligadas a someterse a abortos clandestinos en condiciones peligrosas y antihigiénicas.   […] La existencia de leyes muy restrictivas, que prohíben los abortos incluso en casos de incesto, violación, deficiencia fetal o cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre, vulneran el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos. […]Denegar el acceso al aborto seguro y someter a las mujeres y niñas a actitudes humillantes y sentenciosas en esas situaciones de extrema vulnerabilidad y en las que es esencial acceder en el plazo debido a la asistencia sanitaria equivale a tortura y malos tratos. Los Estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto que perpetúan la tortura y los malos tratos al negar a las mujeres el acceso al aborto y la asistencia en condiciones de seguridad.” (El énfasis es nuestro). Consejo de Derechos Humanos (2016). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Naciones Unidas. Pp. 13-14. Obtenido el 10 de septiembre de 2018 desde http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361