La semana pasada Rebecca Pierre, una mujer haitiana que tenía 9 semanas de embarazo murió esperando locomoción pública para dirigirse a otro centro de atención médica luego de que la dieran de alta en el Hospital Félix Bulnes. El lunes 20 de mayo, organizaciones de migrantes y mujeres organizaron un plantón fuera del hospital para exigir justicia para Rebecca, apuntando negligencia y racismo. Días después Monise Joseph murió esperando atención médica en el Barros Luco. Uno de los factores claves fue que la mujer haitiana no no lograba comunicar lo que le sucedía debido a la barrera idiomática. En Mujeres en Sintonía, las conductoras Rocío Venegas, Yoselin Fernández y Antonia del Solar conversaron con Patricia Loredo, psicóloga y directora ejecutiva de Colectivo Sin Fronteras sobre comunidad migrante en Chile, violencia institucional, racismo, los retrocesos del proyecto de ley que empuja el gobierno y la organización como forma de resistencia.
El Colectivo Sin Fronteras es una organización que desde el 2003 trabaja en torno a interculturalidad, inclusión social y derechos de niños, niñas y familias migrantes. Especialmente niñas, niños y mujeres socio-económicamente más vulnerables y que son provenientes de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Haití, entre otros países. A partir de su vasta experiencia, son críticas/os a las políticas de Estado respecto a la migración. Patricia expresa que las personas migrantes organizadas han observado que la voluntad política estatal ha sido limitada y, en algunos periodos, derechamente nula.
Analizando los gobiernos de Michelle Bachelet indica que “hubo avances muy tímidos, que se vieron totalmente insuficientes. Nunca se estableció una voluntad clara de legislar especialmente con perspectiva de derechos humanos”, estableciendo que el enfoque del gobierno de Sebastián Piñera es completamente diferente: “la migración ha pasado a ser un tema relevante pero es más bien una campaña comunicacional que se está desarrollando, tomando la temática migratoria en base a un populismo que, en este caso, actúa hacia la comunidad migrante como populismo punitivo, que pone a las y los migrantes en una situación de criminalización permanentemente desde el discurso oficial del gobierno”.
Respecto al proyecto de Ley de Migraciones que se encuentra en segundo trámite en el Senado, la psicóloga advierte que agudizará la irregularidad migratoria y el racismo, sobre todo en los grupos más racializados dentro de la comunidad migrante. “Las expulsiones colectivas que se están dando, de llevar a las personas a países de orígen o ponerlos en la frontera es un procedimiento contrario al derecho internacional. Es contrario porque expone a un conjunto de personas a una situación de exposición pública que no corresponde y porque, además se han llevado todas estas situaciones sin el debido proceso. Muchas veces estas personas han sido citadas bajo engaños para ser detenidas y ser puestas en estos aviones y buses de expulsión”. Así mismo indica que en estas situaciones se debiese respetar ciertos procesos como la posibilidad de apelar.
En esa misma línea, la activista añade que hay causales de expulsión que hoy se están considerando y que no corresponde que figuren como causales válidas en un proceso tan serio. Dentro de éstas señala la expulsión de dos mujeres migrantes por participar en marchas en apoyo al pueblo mapuche durante el mes de abril: “hay una criminalización de la protesta social migrante, que es un derecho que deberíamos tener todas las personas, el de hacer valer nuestra opinión y participar políticamente”.
Violencia contra mujeres migrantes, Estado y racismo
Patricia sostiene que las mujeres son uno de los grupos que más se ha visto afectado recientemente por esta rigidización de la política migratoria y el incremento del racismo que se da a nivel cotidiano: “Las mujeres migrantes están siendo doblemente violentadas: hay mayores elementos de abuso de poder desde la violencia patriarcal y se suma el racismo que se está alimentando a partir de esta política migratoria racista que viene desde el Estado”.
En este sentido, la integrante de Colectivo Sin Fronteras explica que uno de los puntos más preocupantes del proyecto de Ley de Migraciones es que elimina una visa que en la actualidad está vigente que se pensó para mujeres que viven violencia intrafamiliar, medida que expondría aún más sus vidas: “cambiar de una visa a otra, va a afectar especialmente a las mujeres porque mayoritariamente tienen la responsabilidad de la crianza sin redes de apoyo. Esto va a dificultar regular su situación porque van a tener que viajar a su país de orígen y desde ahí pedir una visa consular, que es muy difícil de conseguir”. Es así como desde la organización subrayan que habrá grandes grupos de personas, especialmente niñas, niños y mujeres que quedarán sin visa, destacando que un proyecto de Ley debe contemplar pisos mínimos sobre violencia contra mujeres: “si tú en este país no tienes visa, no tienes cédula de identidad, si no tienes cédula no existes para el Estado ni para la sociedad”, concluye.
En relación a la violencia extrema contra mujeres Patricia afirma que se ha ido agudizando y que se ha podido observar que “en los últimos años, las cifras de mujeres migrantes víctimas de femicidio es totalmente desproporcionada a la cantidad de población migrante que existe en Chile” De este modo, puntualiza que la población afrodescendiente es la más racializada y vulnerada en el país agregando que “los femicidios que se han vivido el último tiempo han sido mujeres negras principalmente”.
Sobre los problemas que viven las mujeres migrantes señala la responsabilidad de la crianza de niñas y niños, la falta de redes de apoyo, la barrera idiomática, la dependencia económica y el abuso de poder tanto sexual como laboral. Es así como relaciona la violencia institucional por parte del Estado contra la comunidad migrante y la violencia contra mujeres de ese segmento: “se va construyendo un contexto de impunidad que está alimentado especialmente por el Estado, pues exhibe que todo es permitido, los hombres independiente de que sean migrantes o no, se toman más confianza para vulnerar todo tipo de derechos de las mujeres, violentándolas en distintos ámbitos”. Igualmente señala que el Estado tiene muy poca información destinada a migrantes en general y mucha menos focalizada a mujeres migrantes: “No han habido campañas dirigidas a las mujeres migrantes en términos de promover los recursos de apoyo para aquellas que viven violencia”.
Dentro de los urgentes que señalan desde la organización es apuntar a la educación: “aquí no se trata de relaciones individuales, hay un sistema que en este caso es un sistema racista, una estructura, que reproduce relaciones de subordinación, de colonización de los pueblos indígenas, de las comunidades migrantes racializadas especialmente, por lo tanto, es eso lo que también hay que deconstruir, promoviendo la inclusión de una educación intercultural antirracista como apuestas para transformar la educación”.
Para finalizar, Patricia destacó la importancia de contar con organizaciones de migrantes y de feministas, puntualizando que muchas veces es difícil participar de estos espacios, particularmente para las mujeres debido a la precarización de la vida, sin embargo, son cruciales: “es sumamente necesario que podamos entre mujeres y organizaciones de mujeres ir estableciendo vínculos y generar acompañamiento a las mujeres migrantes porque ya solo la posibilidad de contar con alguien a quien contar es como un factor más de protección y de ir rompiendo un poquito las dinámicas de violencia que viven”.
Algunas organizaciones de migrantes:
Coordinadora Nacional de Migrantes
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