El lunes 10 de junio se conmemoraron los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do Pará, en la sede chilena de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Se cumplieron tres décadas desde la creación de este tratado internacional, que define la violencia contra las mujeres y obliga a los Estados que son parte a tomar medidas para su erradicación.
Chile se encargó no solo de conmemorar los treinta años del tratado, sino también los veinte años del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI). Respecto a esto, Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertos de la Secretaría Técnica, comenta que nuestro país “tiene un liderazgo ahí: mirar cuáles son estos nuevos escenarios en los que se enfrentan los derechos humanos de las mujeres, particularmente en los temas de violencia”.
A esto agrega que “no solo es la realidad chilena, sino cómo se refleja, de alguna manera, con los derechos humanos de las mujeres en toda la región. Hay solicitudes expresas a propósito de lo que está pasando en Argentina, pero también lo que pasa con el Caribe, que es una realidad que de pronto a la América Latina, por decirlo de alguna manera, se nos escapa”.
La implementación efectiva de la Convención en la región no fue el único punto crucial del encuentro, sino también la necesidad de enfrentar las diversas formas de violencia contra las mujeres, destacando la violencia física, psicológica y el femicidio como problemas persistentes.
Esto sumado a las expresiones de violencia que emergen con los avances tecnológicos. “La tecnología avanza rápido y las situaciones de violencia hacia las mujeres se están viviendo día a día. Entonces, cómo se norma eso, sin que finalmente se acallen las voces de las mujeres también en esos espacios, porque finalmente son herramientas para la democracia también, para la participación de las mujeres y para la acción colectiva”, señala Maureira.
“Ahí va a haber que hacer un trabajo de cómo se homologan (…) que los Estados tengan las herramientas para que puedan negociar, para que puedan hacer incidencia con las empresas que son propietarias de esa plataforma y que sea transparente esa autorregulación respecto a que no se haga uso de las plataformas para generar violencia, pero que las mujeres podamos seguir teniendo esas plataformas para hacer incidencia”, reflexiona.
En la instancia se destacó la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual entró en vigencia el pasado 14 de junio y que busca proporcionar un marco legal para abordar y prevenir estas situaciones.
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres participó en una de las mesas de discusión crítica desde las organizaciones feministas, donde se hizo hincapié en que si bien esta nueva ley representa un hito relevante que fortalece la institucionalidad, es una deuda histórica del Estado chileno y debe ser vista como un punto de partida para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
En esta intervención realizada por Isadora Castillo, integrante de la Coordinación Nacional, se expusieron distintos puntos a abordar para prevenir y promover vidas libres de violencia. Se resaltó la desconfianza persistente de las mujeres hacia el Estado, lo cual se ve reflejado en su reticencia a la denuncia. Procesos judiciales extenuantes, revictimizantes e inconducentes son el motivo principal de ello.
También se reconoció como punto crucial para promover la autonomía de las mujeres, garantizar el derecho al aborto sin restricciones y reconocer la desproporcionada carga de las labores domésticas y de cuidado que han recaído históricamente en nosotras.
A esto se agregó la importancia de implementar una educación no sexista, a pesar de las barreras impuestas por sectores conservadores del país. Se enfatizó en la necesidad de realizar cambios estructurales en el currículum educativo y en la formación docente para avanzar significativamente en este ámbito.
Finalmente, se hizo mención a la deuda del Estado chileno con Katty Hurtado, quien fue condenada a veinte años de cárcel tras defenderse de su agresor. Katty no fue protegida siendo víctima de violencia en contexto de pareja y no tuvo acceso a un juicio justo con perspectiva de género. Peor aún, en su tiempo en prisión, ha sido vulnerada en reiteradas ocasiones bajo la custodia de Gendarmería.
Desde el MESECVI aprovecharon de destacar a las organizaciones feministas como un motor fundamental para avanzar en estos derechos, además de resaltar su participación en los 30 años de Convención. En relación a este punto, la encargada de comunicaciones de la secretaría técnica del MESECVI, Tatiana Bensa, comenta: “Los movimientos de mujeres han tenido un rol fundamental en el avance de la implementación de la Convención y en usar la Convención como un instrumento fundamental para hacer progresar la agenda de los derechos de las mujeres. Vemos que hay un potencial enorme en esta unión, en la conformación de esta alianza, en el apoyo de las [organizaciones] chicas con las grandes, y en esa retroalimentación”.
Si bien la Red Chilena reconoce que la participación de las organizaciones feministas en este encuentro representó un acercamiento importante a nivel institucional, se espera que las intervenciones puedan ser tomadas en cuenta y se traduzcan en medidas concretas como: mayores recursos para organismos dedicados a la erradicación de la violencia contra las mujeres y más políticas públicas de prevención en toda la región de Latinoamérica.
La conmemoración de los 30 años de la Convención Belém do Pará en Chile subrayó los avances logrados, pero también reveló las carencias persistentes en la protección de los derechos de las mujeres. Es crucial pasar de discursos a acciones, asignando recursos adecuados y adoptando políticas más efectivas para que mujeres y niñas puedan tener vidas más justas y dignas.
