En el actual contexto de criminalización de la protesta social de los últimos meses, en que el Estado de Chile y todos sus poderes se han hecho cómplices de la sistemática violación a los derechos humanos, en especial los de las mujeres, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres denuncia la persecusión política contra activistas y familiares que están exigiendo justicia por el lesbicidio en contra de Nicole Saavedra Bahamondes, perpetrado en Limache en junio de 2016. 

Conmemorando tres años del crimen y frente a la frustración provocada por el lento avance del proceso judicial, cinco mujeres, incluyendo a María Bahamondes, prima de Nicole Saavedra, el 23 de junio de 2019 realizaron una acción de ocupación pacífica en las dependencias de la Fiscalía de Quillota, debido a que a 3 años del asesinato de Nicole, la causa aún no consignaba imputados, a pesar de existir antecedentes de secuestro, violación y tortura.

El fiscal, en lugar de recibir a las mujeres que buscaban conversar con él, decidió enviar a Fuerzas Especiales de Carabineros de Valparaíso a desalojar el lugar. Carabineros, como es de costumbre, ingresó de manera violenta a la fiscalía, golpeando el mobiliario y a las compañeras, tal como quedó registrado en numerosos videos que circularon durante esos días. Las mujeres fueron golpeadas y engrilladas, y pasaron una noche en un calabozo, mientras el asesino o los asesinos de Nicole Saavedra Bahamondes continuaba(n) en total impunidad.

Tres meses después de esta acción, el nuevo fiscal de la causa realizó las pericias pendientes desde 2016 y logró identificar al principal autor del crimen, Víctor Pulgar Vidal, quien tenía una denuncia anterior y otra posterior al crimen de Nicole por violación a menores de edad. 

A la fecha, 19 de diciembre del 2020, se encuentra pendiente tanto el juicio oral, como la investigación respecto a una posible relación entre este lesbicidio y otras agresiones sexuales y femicidios cometidos en la zona, incluyendo el de la joven lesbiana María Pía Castro en 2008. Las organizaciones feministas hemos debido advertir a la fiscalía que hay antecedentes en el mismo sistema computacional del Ministerio Público de que Pulgar podría estar involucrado.

Tras más de un año de investigación por la toma de la Fiscalía de Quillota, la Fiscalía de La Calera, a cargo del caso, decidió acusar a las cinco mujeres por desórdenes públicos y daños calificados, solicitando 300 días de prisión y una pena 11 UTM, más 3 años de presidio para cada una de ellas, pese a que las pruebas existentes no acreditan ni la existencia de estos delitos ni menos que estas mujeres los hayan cometido, es más, pruebas audiovisuales exponen cómo Carabineros de Chile es el que genera desórdenes y daños. 

¿Cómo es posible que el Estado de Chile esté más preocupado de sancionar el supuesto daño producido a un par de sillas y no tome acciones concretas para resguardar la vida e integridad de las mujeres y niñas? ¿Cómo es posible que mientras el Estado reconoce el 19 de diciembre como Día Nacional contra el Femicidio, en la misma semana decida solicitar cárcel para familiares y amigas de una mujer víctima de femicidio por el sólo hecho de exigir justicia? 

Al parecer para el Estado chileno las mujeres que vivimos violencia debemos ser víctimas silenciosas; no podemos defendernos de nuestros agresores ni demandar justicia, pues de hacerlo somos perseguidas de manera más implacable que violadores y femicidas.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres exige la absolución de las cinco activistas y que se investigue y sancione adecuadamente el crimen de Nicole Saavedra y otros cometidos contra mujeres y niñas en la zona de Limache, Quillota, El Melón y La Calera.