Fin a la impunidad en los casos de violencia política sexual y tortura.

Jueves, Agosto 7, 2014

Señora
Claudia Pascual
Ministra
Sernam.-

Fin a la impunidad en los casos de violencia política  sexual y tortura.


Estimada Da. Ministra:

Por medio de la presente, la Asociación de Memoria y Derechos Humanos, Casa de Tortura “Venda Sexy” se dirige a usted para solicitar tenga a bien concedernos una entrevista, a la mayor brevedad posible.

La violencia sexual  es una violación a los derechos humanos fundamentales de las mujeres. En la dictadura cívico-militar que imperó en nuestro país, esta práctica se voy exacerbada. La violencia política sexual, como mecanismo de poder, dominación y control de las mujeres a través de la violación de su integridad corporal y su sexualidad, se convirtió en uno de los instrumentos represivos centrales.

El Estatuto del Tribunal Penal Internacional incluye en su artículo 7 letra g,  entre los crímenes de guerra una categoría independiente de ofensas de naturaleza sexual que incluye actos de violación, esclavitud sexual y prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual. Es decir, se reconoce a la violación y estos actos, así como a otros abusos de gravedad comparable, como crímenes contra la humanidad cuando forman parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

La criminalización de estos actos constituye un reconocimiento a la situación de vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de conflicto y conmina a los estados a tipificar este delito como diferente al de tortura.

En la dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país, entre los años 1973 y 1990, la práctica de violencia sexual política, realizada primordialmente contra las mujeres secuestradas por los agentes del estado chileno, fue una práctica generalizada al igual que la tortura.

El día 26 de junio, en el Museo de la Memoria, el Ministro de Justicia de Chile, José Antonio Gómez, anunció el envío de un proyecto para tipificar el delito de tortura, reconociendo que “hay denuncias claras y precisas de actos de tortura, hoy día, en democracia”. Valoramos esta decisión, como parte del cumplimiento de  los compromisos del estado chileno en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y como respuesta a lo que por décadas ha sido la movilización y lucha de las distintas Organizaciones y Agrupaciones de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de nuestro país.

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones internacionales, que obligan a los estados a poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos y situaciones de gobiernos dictatoriales, garantizando el derecho a justicia, de manera expedita y oportuna  para las mujeres y  niñas que han sido objeto de este flagelo, en nuestro país este es un tema absolutamente invisibilizado y no conocemos de ninguna iniciativa estatal al respecto, ni de ningún pronunciamiento del Servicio Nacional de la Mujer, en todos estos años de gobierno civil post-dictadura.

Nuevamente, son las organizaciones de Derechos Humanos y Sitios de Memoria y las víctimas directas de violencia política sexual durante la dictadura, las que ponen el tema en la palestra, a partir de la presentación de la primera querella por violencia sexual, en el mes de mayo, ante tribunales chilenos.

Por todo lo anterior, queremos conversar con ud. sobre los siguientes temas:

 

1.     Trabajar una iniciativa legal para tipificar el delito de violencia política sexual, como un crimen de lesa humanidad, distinto al de tortura, imprescriptible, inadmistiable, sin derecho a indulto y con penas concordantes a la gravedad del delito cometido.

2.     Compromiso activo del Servicio Nacional de la Mujer,  haciéndose parte ante los tribunales chilenos de todas las querellas interpuestas por mujeres objeto de tortura y/o violencia política sexual durante la dictadura militar, así como de los casos acontecidos en la actualidad:

  • a)     Mujeres secuestradas, detenidas y desaparecidas cuyos casos no tengan sentencia ejecutoriada.
  • b)    Mujeres secuestradas, torturadas y sobrevivientes que tengan causas abiertas en los tribunales por tortura.
  • c)     Mujeres secuestradas, torturadas y sobrevivientes que tengan causas abiertas en los tribunales por violencia sexual política.
  • d)    Mujeres, jóvenes y niñas objeto de violencia política sexual detenidas por agentes del estado en manifestaciones ciudadanas.

3.     Impulsar a través del Servicio Nacional de la Mujer, la viabilidad de asesoría jurídica y asistencia legal a las mujeres víctimas de estos ilícitos, en alguna instancia estatal autónoma, como forma de cumplir los tratados internacionales de derechos humanos adscritos por Chile y viabilizar su derecho a justicia, derecho que, hasta el día de hoy,  no está garantizado por el estado chileno.

Poner fin a la impunidad en los casos de violencia política sexual y tortura, conforman pasos fundamentales para la construcción de un país que tenga como principio rector de su patrimonio político y social de convivencia, la equidad de género y el respeto inalienable a la dignidad de las mujeres y sus derechos humanos.

Sin otro particular, nos despedimos, atentas a su pronta respuesta.

Tania Toro S.

Presidenta Asociación de Memoria y DDHH, Casa de Tortura, Venda Sexy , Alejandra Holzapfel P. y  Beatriz Bataszew C.

Secuestradas, torturadas, violentadas sexualmente. Sobrevivientes de Venda Sexy