Por Camila Mondaca Luman, feminista, terapeuta ocupacional. Integrante del Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales e integrante de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
La trata de personas es un fenómeno enormemente invisibilizado que ocurre a nivel mundial y se configura como una práctica de esclavitud moderna en la que aún sin grilletes, constituye una experiencia deshumanizante en la que, por una parte, los tratantes minimizan la existencia vital de las personas a un mero objeto de uso, abuso y explotación, en la cual disponen del cuerpo y energía de las víctimas para fines lucrativos y, por otra, durante toda la experiencia de trata las personas son desposeídas de todos sus derechos, siendo coaccionadas mediante diversas estrategias físicas y psicológicas para mantenerlas en una situación de completa vulneración, desprotección y sometimiento para continuar siendo esclavizadas.
Una de las definiciones de trata de personas más utilizadas a nivel mundial es la del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el cual define la trata de personas como: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Esta definición es una herramienta que considera aspectos mínimos en relación a la configuración de este fenómeno como delito y poder desprender de ello políticas públicas que se responsabilicen de este grave problema.
A pesar de que en Chile se promulgó la primera ley contra la esclavitud, en el año 1823, la problemática de la trata constituye una práctica que actualmente se desarrolla en el territorio, siendo un país de origen, tránsito y/o destino de víctimas para diversos fines de explotación.
Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de este delito en un 72% de los casos, y un 94% de ellas con fines de explotación sexual. La mercantilización de la vida y de los cuerpos de las mujeres en este contexto sin duda tiene un sesgo de género que urge comenzar a analizar y visibilizar.
En contexto COVID-19
La pandemia por COVID-19 sin duda ha generado impacto en las formas de organizar la vida y todo lo que en ella ocurre y, en ese sentido, las restricciones de movimiento no han interrumpido ni la trata de personas ni las dinámicas de explotación sino que, muy por el contrario, estas han sido adaptadas al nuevo contexto global.
En este momento, las medidas de confinamiento constituyen un alto riesgo para las personas víctimas de trata, ya que pueden ser utilizadas como mecanismo de sometimiento, obligándolas a permanecer en condiciones aún más precarias de trabajo, alimentación, salud y vivienda. Por otro lado, la esclavitud por deuda aumenta día a día, lo que posiciona a las mujeres en un lugar de mayor vulneración y precarización de sus vidas, debido a que aún se encuentran a disposición de los tratantes.
En ese sentido, los proxenetas, lejos de las calles, continúan explotando sexualmente a las mujeres a través de internet, por ejemplo, obligándolas a grabar imágenes pornográficas, constituyéndose un nuevo escenario de riesgo. Un dato no menor y que reafirma esto último, es que varios estudios han evidenciado el aumento entre el 100% y 200% del consumo de pornografia a través de internet .
Un riesgo que subyace en este escenario es el que corren menores de edad ante el cierre presencial de los colegios, pues pasan largo tiempo en internet para aprender y socializar, lo que de alguna forma les expone ante posibles depredadores sexuales en línea. Diversos grupos de defensa de los derechos de la niñez ya han informado de una mayor demanda de material relacionado con el abuso sexual en línea y los riesgos de captación.
Todo lo anterior de alguna forma instala condiciones para que se generen cambios en la modalidad de explotación. En el caso de las mujeres tratadas, por ejemplo, si fueron captadas para fines de explotación laboral, al no poder generar ingresos, existe una alta probabilidad de que ahora estén siendo explotadas sexualmente o doblemente explotadas (laboral y sexualmente) con el único fin de que los tratantes no disminuyan sus ganancias.
Ahora, si bien ha aumentado la explotación sexual virtual por el contexto de pandemia, muchas otras mujeres víctimas de trata continúan siendo obligadas a mantener el contacto físico, sea en los lugares donde las retienen o siendo trasladadas a las casas de los prostituyentes, exponiéndolas al contagio con mínimas o sin ninguna medida de protección.
En otros casos, las mujeres han sido expulsadas a la calle, estando completamente desprotegidas, porque para muchas, la explotación sexual era su única fuente de ingresos que les permitía cubrir las necesidades vitales básicas de sobrevivencia, además de cubrir la creciente deuda impuesta por el proxeneta.
Nuevos Desafíos Feministas
Frente a este escenario, como feministas podemos reflexionar que toda la experiencia de ser mujer víctima de trata con fines de explotación sexual ha significado una acumulación sistemática de formas de violencia y de discriminación, sumada a la ausencia, en la práctica, de mecanismos institucionales que garanticen protección y seguridad. Dejando en evidencia cómo la violencia estructural y desprotección institucional repercute directamente en las vidas de las mujeres.
El abandono político del problema es evidente, más ahora en el actual contexto de pandemia, donde los recursos han sido redistribuidos para responder ante la emergencia sanitaria, por lo que la prevención, identificación y atención de las víctimas de trata, junto con la persecución y sanción del delito, continúan sin ser una prioridad para el Estado, por lo que la problemática de la trata como manifestación del continuo de violencia al que estamos expuestas las mujeres, sigue expresándose en un contexto de total impunidad.
Es importante que las organizaciones feministas comencemos a mirar, reflexionar y accionar en torno a las diferentes formas de violencia hacia las mujeres más allá de las conocidas y reconocidas, con el fin de observar y analizar las estructuras y mecanismos patriarcales en las que estas se sustentan, de forma de poder generar estrategias y propuestas transformadoras para la sociedad que queremos, libre de toda violencia.