A raíz de la respuesta de la Universidad de Santiago frente a la solicitud realizada por el Consejo para la Transparencia, en que se les insta a entregar los antecedentes académicos de la Dra. Elisa Loncon por requerimiento de un medio de comunicación, es necesario tener a la vista algunos puntos. 

En primer lugar, a la ex convencional se le ha hostigado de manera permanente desde que asumió la presidencia de la Convención Constitucional, a comienzos de junio de 2021. Por dirigirse al país en mapudungun, por su acento, por sus posturas políticas, por su convicción en torno a la plurinacionalidad, entre otras situaciones se le cuestiona, mediante discursos racistas, aporofóbicos y misóginos dirigidos en su contra.

La violencia es ejercida especialmente por sectores de la derecha que han postulado desde el primer momento su conformidad con la actual Constitución del 80, es más, son quienes han desarrollado un importante crecimiento económico y electoral con el diseño institucional creado durante la dictadura. Por lo mismo, insisten en mantener este diseño constitucional aun durante el proceso constituyente actual.

Ahora, los cuestionamientos a su año sabático se han mezclado además con asuntos aparentemente neutrales como la probidad y la transparencia. Cualquier persona pensaría que un año sabático se trata de un periodo de descanso, sin embargo, para los y las académicas, se trata de eximirlos de los convenios de desempeño anuales más tradicionales, como realizar docencia de pre y postgrado, actividades de vinculación con el medio, formular y desarrollar proyectos de investigación y buscar su financiamiento, publicar artículos en revistas de prestigio en sus áreas y colaborar en otro tipo de publicaciones, entre otras labores.

El año sabático se trata entonces de dar un cierto margen de libertad para dar conferencias, realizar un trabajo inmerso en el campo de estudio o de dedicar tiempo suficiente a la escritura. En el caso de Elisa Loncon, su año sabático contemplaba la realización de conferencias y la publicación de tres libros, los cuales ya se encuentran publicados.

Debido a esto, se han realizado emplazamientos públicos a la ex convencional y a la Universidad de Santiago y con ello, a las capacidades de Loncon, sus méritos y su derecho a ser una persona que protagonice las decisiones políticas del país. Por siglos se nos ha dicho a las mujeres que nuestro lugar no está en el espacio público, en la política. También se ha denostado, ocultado y castigado la preservación y difusión del conocimiento del pensamiento mapuche.

Pareciera que no valen todas las credenciales académicas para que una mujer mapuche, lingüista y política se desarrolle profesionalmente y participe como protagonista de uno de los procesos más importantes de las últimas décadas en Chile. 

Más aún, aquellos que exigen que se publique la información del trabajo de la doctora Loncon, invocan el principio de transparencia de la administración pública para exigir a la Universidad de Santiago que entregue información que ya es de carácter público, a una petición realizada por el medio El Tipógrafo (El Mercurio).

Esta solicitud exige detalles sobre los cursos de pre y posgrado que ha realizado Loncon en los últimos años, así como sus publicaciones recientes. Lo anterior ha  conseguido  que buena parte de la opinión pública crea que lo que se está cuestionando son, por un lado, los grados académicos de la expresidenta de la Convención, y por otro, que la Universidad oculta sus antecedentes, que tomó una decisión infundada al otorgar el permiso de año sabático y por tanto, lo cuestiona desde la mirada del uso de los recursos públicos.

Lo cierto es que cada universidad pública opera bajo las directrices del derecho administrativo, por lo que las contrataciones tienen largos procesos de validación entre los que se cuenta con mecanismos internos y externos para los títulos y grados. 

Los medios de comunicación, en lugar de informar respecto a esto, de reportear acerca de cómo funcionan los años sabáticos para el caso de los y las académicas en las universidades públicas, han reproducido la información sobre el ámbito judicial, sin agregar ningún valor ni aportar antecedentes que acerquen a la ciudadanía a comprender de dónde proviene esta petición y cuáles son las implicancias para la Universidad de Santiago, el trabajo académico, el principio de transparencia en la administración pública, y por sobre todo lo anterior, la violencia política que recibe la doctora Elisa Loncon. 

Loncon, elegida mediante el mecanismo de escaños reservados para pueblos indígenas en la ex Convención Constitucional, expresa claras convicciones acerca de plurinacionalidad, la autonomía de los pueblos, y la interseccionalidad de ser mujer e indígena, buscando mecanismos para que la participación de personas como ella dejen de ser una mera excepción.

Sabemos también que con posterioridad al 4 de septiembre de 2022, los mismos sectores que nunca quisieron iniciar un proceso constituyente, continuaron difamando la reputación de quienes buscaron realizar por esta vía las transformaciones necesarias para un desarrollo distinto, más integrador y menos salvaje. 

Solo para agregar otro antecedente, aquellos integrantes del Consejo para la Transparencia que votaron a favor de acoger el amparo realizado por el medio de comunicación son su presidente Francisco Leturia y la consejera Natalia González, ésta última se desempeña como directora de asuntos Jurídicos y Legislativos en la Fundación Libertad y Desarrollo, ligada a la UDI. 

Es inaceptable que aún cumpliendo cabalmente con su desempeño como académica en una Universidad pública de nuestro país se esté hostigando de esta forma a ex convencional, y que se utilicen para ello instituciones públicas como el Consejo para la Transparencia. El mismo Consejo debería dar por conocidos los antecedentes si el procedimiento de contratación, la evaluación de desempeño y la forma de autorización del año sabático se encuentran regla. 

No podemos estar dando pruebas de nuestros méritos cada vez que a un medio de comunicación no se le ocurra reportear o que se pretenda enlodar la imagen profesional y política de una mujer mapuche. ¿Cuál es el límite para esto? Tampoco podemos desconocer el contexto en el que estas solicitudes han sido formuladas: un sostenido ataque a Loncon, a sus posturas y a lo que ella simboliza desde hace algunos años. Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, exigimos que se termine la violencia política, el racismo y la misoginia contra Elisa Loncon. 

Priscila González
Mesa Coordinadora Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres

Esta nota fue publicada el sábado 27 de mayo en El Mostrador