“Pacto de amor” le han llamado algunos medios de comunicación a estas muertes que parecen estar haciéndose más frecuentes -o más visibles- el último tiempo: parejas de ancianos/as que deciden conjuntamente dejar de vivir. En julio de 2018 Jorge (84) le disparó a Elsa (89) y luego se suicidó. Habían decidido que no querían continuar en las condiciones que estaban. El 4 de febrero José (94) descargó contra Blanca (86), para luego hacer lo mismo consigo. Cercanos a la pareja cuentan que es algo que habían acordado.
Las situaciones tienen varios puntos en común y algunos medios de comunicación ya han encontrado maneras eufemísticas y románticas para nombrarlas, categorizarlas y abordarlas. “Pacto de amor” es otra forma de banalizar y romantizar problemas sociales profundos, sin hacer referencia a los factores determinantes. Este tratamiento periodístico no es tan diferente al que ocurre cuando la prensa -cada vez menos, por insistencia de las feministas- le llama crímenes pasionales a los femicidios, encerrándolos en un hecho aislado, casi anecdótico, desligado de una estructura social que no hace más que producir y reproducir desigualdades tanto de género como de edad, raza y clase.
En estas muertes hablamos de precariedad, de desigualdades, de falta de cobertura de los derechos básicos, de la pobreza que puntualmente ataca a la vejez, sector de la población creciente en el país. ¿Cómo pasarle por al lado a esta situación cuando el sistema de pensiones no promete más que miserias? Según Fundación Sol, la mitad de las mujeres que recibieron pensión de vejez en el mes de noviembre de 2018 no superó los $134.417, aun cuando se consideraron los ahorros de AFP y aportes estatales. Claramente en 2020 las adultas mayores aunque jubilaran con su salario completo, como prometían quienes impusieron las AFP en 1980, no les alcanzaría para vivir.
¿Quién cuida de la vejez cuando no hay servicios estatales que velen por las y los ancianos?, ¿Cuánta responsabilidad evade el Estado al no hacerse cargo de los cuidados de niñas y niños, de personas enfermas o con discapacidad, de ancianas y ancianos?
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres desde el año 2001 lleva un registro de femicidios cometidos en Chile disímil al que elabora el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La diferencia radica en que la Red Chilena se rige por la concepción feminista de femicidio, que entiende como tal todo asesinato perpetrado por un hombre contra una mujer con motivo de su género, sea en el ámbito privado o público, es decir, sin importar si el femicida es la pareja sexo afectiva de la mujer, un familiar, un amigo, un conocido o un desconocido. La legislación chilena en cambio, tomó el concepto elaborado por la feministas y lo redujo al ámbito familiar de pareja, por lo tanto, sólo considera como tal aquellos perpetrados por cónyuges, ex cónyuges o convivientes, acotando una de las expresiones más extremas de violencia contra las mujeres al ámbito privado y encerrando a las mujeres en el histórico rol de madres y esposas. Todos los años se presenta aproximadamente una variación de un 30% entre ambos registros que corresponde a aquellos femicidios que el Estado de Chile no considera.
Hoy estamos en una situación distinta: somos nosotras las que nos preguntamos si estamos o no frente a femicidios en casos como estos. Pareciera que la motivación ha sido la desesperanza ante la precariedad de la vida, en un país donde el Estado protege el lucro empresarial y no garantiza una vida digna para la vejez, sin embargo, estas situaciones se repiten y son siempre hombres los que aprietan el gatillo.