La actual crisis sanitaria producto del virus COVID-19 que afecta a gran parte del mundo ha visibilizado nuevamente la crisis del actual modelo capitalista, patriarcal y colonial. Particularmente en Chile, el rol subsidiario del Estado en el sistema neoliberal, que deja aún la satisfacción de las necesidades más básicas a los dueños del mercado, ha desatado una crisis social y política, extendida durante ya cinco meses de revuelta popular. Las desigualdades e injusticias del modelo, que se hicieron ineludibles desde el 18 de octubre de 2019, hoy se manifiestan de forma extrema, siendo la crisis sanitaria una amenaza mayor para los sectores más explotados: quienes deben sobrevivir su vejez con pensiones de miseria, quienes subsisten con trabajos precarios e informales o quienes asumen las tareas de cuidado y reproducción de la vida a diario, entre otros. En todos estos casos se trata, nuevamente, en mayor medida de mujeres.
La crisis social que estalló en octubre y la crisis sanitaria que nos envuelve actualmente, han develado no sólo la absoluta incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera, y su profunda desidia para establecer las medidas más mínimas que nos permitan avanzar hacia una vida digna, sino que permiten constatar que el sistema imperante hace imposible dicha dignidad. Hoy el modelo impuesto con sangre por quienes gobiernan ha mostrado descarnadamente los intereses que defienden, priorizando las ganancias de las empresas por sobre la salud de todos y todas.
La negativa a cerrar centros comerciales y grandes empresas; la falta de control de precios sobre insumos médicos básicos; la desprotección a trabajadoras/es, quienes deben negociar individualmente su aislamiento con los empleadores; las nulas alternativas para trabajadores y trabajadoras informales, independientes y con contratos a honorarios; la falta de un plan de contingencia que pueda suplir la necesidad de cuidados de niñas, niños y niñes ante el necesario cierre de establecimientos educacionales; la falta de medidas económicas que permitan acceder a servicios básicos como agua, techo y alimentación; medidas sanitarias tardías que exponen a gran parte de la población al contagio del COVID-19, son sólo algunas de las expresiones de cómo el neoliberalismo se contrapone a los intereses de la gran mayoría de las personas.
¿Cómo se sostiene el lavado permanente de manos, medida más básica y urgente de higiene ante la crisis sanitaria, en comunidades sin agua, donde las grandes empresas han arrasado con ríos completos?; ¿cómo llega a fin de mes una trabajadora informal sin salir de su hogar?; ¿cómo teletrabaja una mujer que tiene la obligación social de cuidar de hijos, hijas, enfermas/os y sostener la vida en el hogar?; ¿cómo se mantiene aislada en su casa una mujer que sufre violencia por parte de su pareja o una anciana maltratada por sus hijo?, ¿cómo se mantienen aisladas las personas sin acceso a una vivienda digna?
Y en lugar de responder estos asuntos, base de las demandas que explotaron el 18 de Octubre, el gobierno de Piñera, tal cómo viene haciendo durante todos estos meses de revuelta social, ofrece más represión, sanciones y cárcel a quienes no acaten las escasas y tardías medidas propuestas por sus ministros.
Hoy queremos llamar especialmente la atención sobre el impacto del confinamiento doméstico en la vida de las mujeres. Este traerá consigo no solo más trabajo y explotación a las mujeres, quienes históricamente hemos debido hacernos cargo de las labores domésticas y el cuidado de niños, niñas, enfermas/os y ancianas/os, sino que sabemos nos expondrá, como ya se ha denunciado en China y Europa, a mayores niveles de violencia.
Sabemos que para mujeres y niñas habitar la propia casa puede significar un riesgo y que en contextos de crisis la violencia contra mujeres se puede agudizar. Si en tiempos de “normalidad” las mujeres no contamos con garantías de vivir una vida libre de violencia, en tiempos de crisis la negligencia estatal se agudiza. Ya lo vimos en octubre, cuando las fuerzas de orden estaban disponibles para reprimir y ejercer violencia política sexual, pero no para garantizar el cumplimiento de medidas cautelares contra agresores o recibir denuncias de mujeres víctimas de violencia. En ese contexto exigimos al Estado, a través de sus instituciones: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Centros de la Mujer dependientes de los municipios, Ministerio Público y Poder Judicial, tomar medidas preventivas efectivas y específicas para hacer frente a las situaciones de violencia a las que niñas y mujeres están expuestas.
La actual crisis acentúa lo que el estallido social develó: el fracaso de este modelo cuyo centro es el beneficio de unos pocos a costa de la vida de la mayoría. En este contexto, ante la negligencia e inoperancia de quienes nos gobiernan, un aprendizaje histórico de otros tiempos de crisis es que la construcción de organización territorial y comunitaria es una alternativa necesaria en situaciones de crisis, siendo fundamental trabajar en generar redes de apoyo, estrategias de cuidado colectivo, alternativas de economía comunitaria, solidaridad y organización en las comunidades.
Quedarse en la casa es una de las medidas necesarias y efectivas para paliar los riesgos de la crisis sanitaria: las feministas reafirmamos que este retorno al hogar no puede significar relegar nuevamente este espacio a lo privado y personal, sino que es imprescindible su politización, que permita la construcción de formas de vida que se basen en la justicia y donde la participación activa de las mujeres es un requisito intransable.
