El 18 de abril se aprobó en el pleno de la Convención Constitucional (CC) -instancia donde todas las y los convencionales votan- el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia. Esto significa que ahora es parte del borrador de la Nueva Constitución.
Cómo fue el proceso
Hace un tiempo, tanto las convencionales como las organizaciones feministas presentaron iniciativas que apuntaban a reconocer y garantizar este derecho en la nueva Constitución. Esto a través de la iniciativa N°2, presentada el 25 de noviembre de 2021, y la Iniciativa Popular de Norma N° 50.754 (luego N° 57) -#IniciativaPopularFeminista por una vida libre de violencia machista- que se elaboró colectivamente a partir de 14 encuentros en 5 regiones del país, con 40 organizaciones participando, y que reunió 19.501 apoyos a través de la plataforma de la Convención.
Luego de la presentación de la #IniciativaPopularFeminista en la Comisión de Derechos Fundamentales de la CC, y debido a la gran cantidad de normas que esta comisión tenía por trabajar, la Iniciativa Popular fue derivada a la Comisión de Principios Constitucionales, donde fue aprobada en general el 1 de abril.
Posterior a esto, la articulación de organizaciones feministas y disidentes de la #IniciativaPopularFeminista, y las integrantes de la Colectiva Feminista de Convencionales desarrollaron un trabajo conjunto para elaborar una propuesta común entre las dos iniciativas originales.
La propuesta final
A partir del trabajo de las organizaciones y de las convencionales feministas, se acordó presentar dos incisos como resultado final:
“El Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado.”
“El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse.”
Esta redacción fue aprobada en particular por la Comisión de Principios Constitucionales el 8 de abril.
La defensa en el pleno
A propósito de la votación del artículo por una vida libre de violencia de género en el pleno y para defenderla en la nueva Constitución, las organizaciones feministas articuladas en la #IniciativaPopularFeminista convocaron a una Concentración Feminista afuera del ex Congreso Nacional en Santiago, sede de la Convención.
Temprano en la mañana se instaló en calle Compañía el Memorial de Mujeres Víctimas de Femicidios y otras manifestaciones de Violencia Femicida, que reúne a mujeres desde 2001 a la fecha. El memorial se extiende por alrededor de cien metros.
Durante la tarde, las feministas se reunieron para esperar juntas la votación en el pleno. Para esta ocasión también conmemoraron a las mujeres asesinadas por femicidas desde 2020 a la actualidad.
Alrededor de las 23 hrs, se votó el artículo, que obtuvo 127 votos a favor en el primer inciso, y 120 en el segundo. La alegría de las integrantes de las organizaciones feministas presentes fue tremenda. El derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas ahora es parte del borrador de la nueva Constitución.
Firme y convencida, ¡apruebo de salida!
Otros derechos sociales aprobados
La semana del 18 de abril estuvo cargada de votaciones importantes para los movimientos sociales: lunes y martes se sometió a deliberación del pleno los informes de la comisión de Principios Constitucionales, de Derechos Fundamentales y de Medioambiente, aprobándose importantes derechos sociales.
Entre ellos están los derechos de las personas en situación de discapacidad; de las personas mayores; de niños, niñas y adolescentes; el derecho al asilo; a la salud; a la vivienda; a la seguridad social; derecho a la libertad sindical; al trabajo; al deporte; al agua; la consulta de los pueblos y naciones indígenas; derecho a la igualdad y no discriminación; a la educación; el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados; el derecho al cuidado; a la ciudad y al territorio; y la reparación integral a las personas que hayan sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el informe de la Comisión de Medioambiente fue rechazado por segunda vez y volverá a trabajarse en la comisión, para someterlo a una tercera votación en el pleno dentro de las próximas semanas.