El miércoles 17 de abril se desarrolló con éxito el conversatorio “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres: desafíos y horizontes”, convocado por la Coordinadora 19 de diciembre y La Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujeres.
La instancia contó con la participación de Victoria Bermúdez, Claudia Neira y Catalina Dettoni, quienes expusieron un análisis estadístico sobre denuncias de violencia intrafamiliar, otorgamiento de medidas cautelares, femicidios y femicidios frustrados.
Ad-portas de la promulgación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, actualmente, en Chile no existe una ley dedicada exclusivamente a sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres. La Ley de Violencia Intrafamiliar es el único recurso disponible para denunciar maltratos en el ámbito doméstico, sin embargo carece de un diseño integral para abordar experiencias particulares de las mujeres.
El Ministerio Público se encarga de registrar e investigar las denuncias por VIF. Sin embargo, en muchas ocasiones este proceso es afectado por factores como la ruralidad, la dificultad de acceso a las comisarías y la falta de información.
A esto se le agregan obstáculos adicionales como: la falta de capacitación adecuada a funcionarios y funcionarias de las diferentes instituciones del Estado, donde a menudo enfrentan respuestas negativas, cuestionamientos, burlas y minimización de sus experiencias. De hecho, en nuestro estudio “Denuncié violencia y #CarabinerosMeDijo”, 8 de cada 10 mujeres tuvo una percepción negativa de su intento o denuncia efectiva en Carabineros.
Entre los años 2016 y 2022 se registró un aumento exponencial en el número de denuncias de violencia intrafamiliar, donde tres de cada cuatro denunciantes corresponden a mujeres. Si nos vamos a las regiones del norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Antofagasta, presentan las tasas más altas de denuncias por VIF. Entendiendo que actividades económicas como la minería, pueden tener un impacto en las relaciones familiares.
Respecto a la zona sur, las regiones de Ñuble, La Araucanía y Los Ríos presentaron los índices más bajos de denuncias por VIF; zonas en las que se presenta la mayor cantidad de población rural (Según datos del INE). Esto cobra relevancia cuando se toma en cuenta que Los Ríos tiene la tasa más alta de femicidios entre 2016 y 2022, según registros de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujeres, lo cual es inversamente proporcional a los datos de VIF entregados por Fiscalía.
En cuanto al Poder Judicial, se logró identificar una falta importante de datos en las denuncias de maltrato habitual. La Coordinadora 19 de diciembre, identificó que actualmente sólo dos de cada diez mujeres que denuncian maltrato habitual, logran una medida cautelar.
También plantearon que los registros del Poder Judicial presentan errores con medidas cautelares sin fecha de inicio o término, como casillas vacías, y falta de información respecto al cumplimiento de estas. Este tipo de carencias revela las deudas del Estado chileno respecto a la entrega de datos y la falta de responsabilidad por parte del Poder Judicial en relación a la toma de registros.
Entre las reflexiones surgidas en el conversatorio se estableció lo imperativo de que una vez entre en vigencia la nueva Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, el Estado considere el contexto socioeconómico y cultural de cada región, para así implementar estrategias específicas para identificar y enfrentar la violencia de género en cada zona.
Finalmente, también se espera que desde el Poder Judicial se reúnan los datos necesarios para realizar estudios en estas materias y así aplicar las políticas estatales de manera efectiva.
